Llegamos a la mitad del año
2026 y los grandes desafíos del país siguen tan vigentes como al inicio del
calendario. La inminente llegada del fenómeno El Niño Costero, la persistencia
de la anemia infantil, la inseguridad alimentaria y la inestabilidad política
conforman un escenario que exige decisiones inmediatas. La pregunta es
inevitable: ¿quién asumirá la responsabilidad de enfrentar estos problemas con
la seriedad que demandan?
Las alertas sobre un posible
fenómeno El Niño de gran intensidad no son nuevas. Diversos organismos
nacionales e internacionales han advertido sobre los riesgos que representa
para el Perú. Incluso, un reciente reporte de Credicorp Capital proyecta que regiones
estratégicas para la agroindustria y la economía nacional, como Tumbes, Piura,
Lambayeque y La Libertad, serían las más expuestas a sus impactos. Sin embargo,
las acciones de prevención continúan siendo insuficientes y la esperada
reconstrucción con cambios sigue mostrando más promesas que resultados
concretos.
A esta amenaza se suma una
realidad que el país no ha logrado revertir: la situación de la infancia. Según
la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025, la anemia afecta al
43,4 % de los niños de 6 a 35 meses, apenas 0,3 puntos porcentuales menos que
el 43,7 % registrado en 2024. Esta mínima reducción demuestra que los esfuerzos
realizados hasta ahora no han sido suficientes para enfrentar uno de los
principales problemas de salud pública que limita el desarrollo de miles de
niños peruanos.
La crisis política tampoco ha
sido ajena a este panorama. En los últimos años, el país ha visto pasar
gobiernos que, lejos de construir políticas de Estado sostenibles, han
respondido con medidas fragmentadas y de corto plazo. La falta de continuidad
en las políticas públicas ha debilitado la capacidad del Estado para atender
problemas estructurales como la pobreza, la desnutrición, la inseguridad
alimentaria y la vulnerabilidad frente a los desastres naturales.
Creemos que el nuevo gobierno
tiene hoy la gran oportunidad y la responsabilidad de cambiar ese rumbo. Pero
claro, ello implica colocar el desarrollo de la infancia en el centro de la
agenda nacional, fortalecer la prevención frente a los efectos de El Niño,
recuperar la capacidad de gestión del Estado y promover una verdadera
articulación entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales, los
municipios, el sector privado y la sociedad civil.
Iniciativas como el Pacto por
la Infancia, impulsado por Inversión en la Infancia, entre otros compromisos de
esta organización ciudadana, demuestran que es posible construir consensos
alrededor de objetivos comunes. El país necesita precisamente eso: una visión
compartida que trascienda los periodos de gobierno y convierta a la niñez en
una prioridad nacional. Porque invertir en la infancia no solo significa
proteger a quienes más lo necesitan; significa asegurar el futuro del Perú. No
hacerlo sería prolongar una deuda histórica que el país ya no puede seguir
postergando.
